Leon Trotsky

“Vivir significa deshacerse continuamente de algo en uno mismo que quiere morir. Vivir significa ser cruel e inexorable contra todo cuanto se hace débil y viejo en nosotros. Vivir significa, por consiguiente, ¿ser despiadados con moribundos, miserables y viejos? ¿Ser asesinos en todo tiempo?… Y, sin embargo, el viejo Moisés dijo: ‘¡No matarás!’”.

Friedrich Nietzsche1

Frente a la omnipresencia real y mediática de la violencia en el país no podemos menos que preguntarnos cómo en tan pocos años llegamos a padecer una situación tan complicada, dolorosa y aberrante.

Para intentar responder a este cuestionamiento, me propongo en este espacio situar históricamente el fenómeno del narcotráfico en México y los imaginarios2 sociales de la violencia y la paz que se construyen a partir de él.

El cultivo y venta de drogas en el país es historia antigua, pero la descomposición paulatina del “tejido social”3 aparejada a tal actividad ilegal tiene origen en los años ochenta del siglo xx. Nunca antes el crimen organizado ocupó un lugar en los medios de comunicación ni fue tema recurrente en la opinión pública nacional o, menos aún, la causa de los desvelos presidenciales y el eje indiscutible de las prioridades del gobierno mexicano. Sin lugar a dudas, los años ochenta pueden ser considerados el punto de partida para tratar el negocio ilícito del narcotráfico, todavía silencioso tanto para la prensa nacional e internacional como para el gobierno mexicano; esto debido a que en aquellos tiempos el narcotráfico apenas comenzaba a establecerse y a ser considerado una actividad productiva en Colombia. El nexo entre las organizaciones criminales de entonces y el crecimiento de la demanda y el consumo por parte de Estados Unidos desató en los años por venir un verdadero mercado necesitado de droga y, como consecuencia, impulsó el discrecional crecimiento de una empresa criminal con estructuras medianas pero en vías de desarrollo tanto tecnológico como táctico y operativo. Este juego de intereses comenzó a estructurarse como una verdadera fábrica ilícita, que en los años noventa se convirtió en una empresa sólida en vías de expansión transnacional.

La situación cambió en esos años debido a una serie de factores –internos y externos– enmarcados en la política de prohibición internacional de drogas encabezada por Estados Unidos y su doble moral, país paladín de la línea prohibicionista al tiempo que es el mayor consumidor de drogas ilícitas en el mundo.

En el ámbito institucional, el inicio de la década coincide con la crisis económica incubada en los gobiernos de la “docena trágica” –de Echeverría y López Portillo–, marcados por el populismo, la frivolidad y la corrupción. Tocaría a los siguientes gobiernos priistas de sello neoliberal desmantelar poco a poco el sistema corporativo fundacional alejándose cada vez más del modelo de Estado de bienestar de aquellos años que procuraba la mejoría cosmética de pobres y marginados.

Pero como los huecos tienden a llenarse, la protección de los desposeídos, sobre todo en el norte del país, quedó a cargo de los dirigentes regionales del narcotráfico. Da cuenta de ello el ofrecimiento, inaudito, que hiciera por aquel entonces Amado Carrillo de contribuir al pago de la deuda externa del país; también, la estrategia de “gasto social” que años después echara a andar Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo, con el propósito de ganarse a la población, o el testimonio de un sicario tijuanense entrevistado por Juan Cajas en el transcurso de su investigación antropológica: “Si el gobierno no da lo que promete, sólo quedan dos cosas, jefe: irse para el otro lado o hacerle al jale con los patrones, quienes organizan, incluso desde la cárcel, comidas por el día del niño, de la madre; y nunca faltan los regalos ni las despensas para todo el pueblo”.4 El único requisito para ser candidato a los beneficios descritos se resume en una sola palabra: lealtad.

Otro factor importante en el deterioro social ligado al tráfico de drogas es la centralización político-partidista que ejerció el pri acotando el poder de los narcotraficantes e impidiendo su entrada a la política. En la práctica, y por paradójico que resulte, el pri, mientras estuvo en el gobierno federal, fungió como muro de contención silencioso de la violencia del crimen organizado, en su estrategia de otorgamiento de permisos locales y regionales de operación o “franquicias” a las distintas organizaciones criminales.

Emblemático de tal estrategia gubernamental de tolerancia al narcotráfico resulta el dicho atribuido a Sánchez Celis, gobernador de Sinaloa por aquél entonces y citado por Luis Astorga en su libro indispensable sobre la historia del narcotráfico en México: “Váyanse de Sinaloa. Mátense fuera. Aquí nomás trabajen…”.5

Un elemento más en la retahíla de errores, corruptelas y complicidades característica de la historia del narcotráfico hizo su aparición en México a mediados de la década de los años ochenta: la exportación masiva de cocaína proveniente de Colombia y destinada a Estados Unidos. Ésta consagró el papel de México como “trampolín de las drogas” al país vecino y fortaleció, además, a las organizaciones criminales que operaban en México desde antes.

Bastó poco tiempo para que el poder corruptor del narco minara las tambaleantes instituciones públicas surgidas en los tiempos del Estado autoritario que no rendía cuentas a nadie. Infiltrándose en las instituciones municipales, los gobiernos de facto del crimen organizado, lentamente y de manera muy sutil –mediante soborno, dinero y regalos– comenzaron a tomar decisiones discretas en las elecciones de puestos políticos de poco interés para el gobierno centralizado, que no veía más allá del poder desde las cúpulas.

Las ganancias provistas por la empresa criminal resultaron irresistibles para funcionarios de los tres niveles de gobierno, quienes cerraron los ojos al peligro inminente de la violencia consecuencia de un acuerdo ilegal con grupos criminales en el marco de la vulnerabilidad de las instituciones de justicia y de seguridad corrompidas en su mayoría.

En la década de los años noventa los escándalos de corrupción evidenciados en los medios de comunicación y la violencia creciente atribuible al crimen organizado se hicieron parte de la cotidianeidad de los mexicanos, y dieron consistencia a la sonada tesis sobre la incapacidad de las autoridades de hacer frente al problema, de garantizar, como en el pasado, la “paz social” y de mantener a raya a los criminales.

En ese contexto convulso surgió la sospecha –como sucediera años antes en Colombia– de que ante la imposibilidad de acabar con el narcotráfico en el país, los presidentes Miguel de la Madrid, primero, y Carlos Salinas, después, optarían por elevar el narcotráfico a la categoría de “amenaza a la seguridad nacional” y declarar abiertamente la guerra contra las drogas.6

Aunque sea por todos conocido, no está de más recordar que la llegada del pan a la Presidencia de la República –partido político ajeno al pacto histórico entre las autoridades y los criminales– no hizo sino complicar la ya de por sí compleja situación de violencia en ascenso desde los años noventa.

Las organizaciones criminales, como era de esperarse, pronto se percataron de la fragilidad de las instituciones de seguridad del Estado y se dieron a la tarea de crear sus propios círculos de seguridad, lo que contribuyó a una nueva escalada de violencia. Éste es el caso de los tristemente célebres Zetas, quienes eran un grupo de escoltas –antiguos militares de élite– encargados de cuidar la vida de Osiel Cárdenas, y que tras el encarcelamiento de éste se convirtieron en el enemigo interno de otras organizaciones criminales y en una amenaza latente para el Estado, con la característica distintiva de ser una organización de corte marcial en su origen.7 Estos grupos criminales –camaleónicos– hicieron gala de su capacidad de adaptación al nuevo contexto, superaron el viejo modelo caciquil dueño y señor de la política local, cuyo poder provenía de su cercanía con el gobierno federal y de su capacidad de negociar cada seis años con el nuevo gobernador.8

El modelo horizontal, que parece ser la regla, se vale todavía de la cercanía con las autoridades estatales y federales, pero hoy es mucho más flexible, de tal forma que no depende exclusivamente de los triunfos político-partidistas9 en tal o cual gobierno federal, estatal o municipal.

En este telón de fondo histórico que apenas he esbozado se inscribe la ruptura paulatina, hoy inocultable, del entramado social; y se manifiesta a su vez en la ruptura de los “códigos de honor” criminales a los que hiciera referencia hace unas semanas Javier Sicilia.

Los cárteles de la droga contaban hace apenas unos años con códigos no escritos de normas y de valores que los individuos implicados en la estructura criminal –jóvenes en su mayoría– no sólo aprendían sino que interiorizaban: obedecer al superior, no delatar a los miembros del grupo, colaborar con la organización, etc. La identidad del grupo criminal se forjaba en el respeto irrestricto a sus normas no escritas y en el conocimiento del bagaje cultural y religioso de sus miembros en el entorno local; no es casual que las zonas marginadas del Norte y Sur de nuestro país mostraran desde entonces cierta tolerancia hacia la actividad criminal, lo que con el paso del tiempo, habiendo permeado la estructura socio-económica y cultural de la localidad, ha derivado las más de las veces en franca simpatía por los narcotraficantes.10

La estrategia gubernamental de combate frontal al narcotráfico ha trastocado, según parece, las reglas del juego al interior de las propias organizaciones delictivas. Los testimonios parecen confirmar la tesis de que los principios otrora imprescindibles, como la lealtad, han sido desplazados. Un ejemplo de esto lo relata Abel, reclutado en Oaxaca como vigilante del Cártel del Golfo por una paga de 1500 dólares mensuales y asignado a la plaza de Ciudad Mier: “Una tarde en la que vigilaba la carretera apareció un convoy rival. Cuando quise subirme a la camioneta en la que patrullaba, mi compañero arrancó y me dejó ahí, junto a otros compañeros de aventura, muertos y atravesados por las balas”.11

Una crónica sobre la violencia desatada en el estado de Tamaulipas expresa la importancia ínfima y la trivialización de la muerte en ese estado, lo que también vale para el resto de las entidades asoladas por la violencia: “Aunque aquí suelen matar a alguien a diario, casi no hay muertos. Tamaulipas, una de las regiones más violentas del país, tiene reservada la palabra muerte para otras cuestiones espirituales. En lugar de muertos se habla de acribillados, encajuelados, encobijados, rafagueados, entambados y sobre todo de ejecutados. El verbo ‘matar’ casi nunca se conjuga: más bien se dicen –y se practican– sus sinónimos”.12

En la concepción republicana, nos dice Habermas, “el espacio público y la sociedad civil cobran un significado estratégico, pues tienen la función de asegurar la práctica del entendimiento de los ciudadanos, su fuerza integradora y su autonomía, sin eludir la cuestión delicada de la responsabilidad en la construcción de la democracia participativa”. Es así que en contraste con los imaginarios de violencia surgidos en muchas entidades, municipios y pueblos de este país, se forjan también imaginarios de paz con el hacer y entender de los ciudadanos, quienes se resisten a dar por perdida la esperanza frente a la amenaza o la realidad de la violencia y a la omisión recurrente de las autoridades.

Un ejemplo de ello son las mujeres de La Patrona, en Amatlán,13 pueblo de migrantes del estado de Veracruz, quienes han transformado un hecho ordinario en algo extraordinario: ofrecen desde hace años agua, comida y medicinas a los migrantes centroamericanos que encaramados en los techos de los trenes realizan su penosa travesía desde sus lugares de origen, pasando por nuestro país hacia el norte en busca de un futuro posible.

Muchos de estos viajeros llevan semanas intentando recorrer México para dejarlo atrás; un México que representa para ellos la pesadilla de los Mara Salvatrucha, quienes suben a los trenes a violar a las mujeres del grupo y a despojar a los hombres del poco dinero con el que cuentan, o del miedo a la policía que una y otra vez los extorsiona.

“Las patronas” son madres, hijas, abuelas o hermanas de migrantes que, como los centroamericanos que recorren Amatlán, han ido en busca del devaluado sueño americano en California, Oregon, Washington y Carolina del Norte. En la nostalgia de sus parientes idos, en la escucha de las penurias de los migrantes con los que se topan a veces por unos minutos, las mujeres han aprendido más de migración que muchos de los especialistas en el tema: saben de las motivaciones para dejar el país y del dolor de hacerlo, del hambre, del frío, de los peligros de todo tipo a los que están expuestos.

En ocasiones, la ayuda ha ido más allá de una botella de agua o una bolsa de pan: ha tocado a las patronas recibir a algún enfermo y encargarse de atenderlo, cuidados a cambio de los cuales llegan a recibir trabajo en agradecimiento; otras veces han tenido que enfrentarse a la policía y a su amenaza de llevarse detenidos a los migrantes: “Si se llevan a uno, nos llevan a todos”, cuentan las mujeres que esto les dijeron a los uniformados.

En 2005 se estrenó el documental De nadie, de Tin Dirdamal, premiado en el Festival de Cine de Sundance sobre el caso de las patronas. Cuando la cinta se proyectó en el salón social del pueblo, las mujeres sorprendidas por el revuelo causado por una acción que nació del corazón de forma natural dijeron: “Estamos agradecidas, porque nos dio a entender que nuestra ayuda de algo puede servir”.14 “Es cuento de nunca acabar”, dijo doña Carmen, mujer de 86 años, viuda de un cañero, pero, eso sí, “hasta el tiempo que yo pueda, voy a dar”.

Mientras haya migrantes forzados a abandonar sus países y obligados a cruzar nuestro territorio a causa del hambre y la miseria, parece que habrá quien les devuelva la esperanza.

Otro caso emblemático de un imaginario de paz que ha resistido la prueba del tiempo, se da, en contraste geográfico, en el estado de Chiapas, en la misión indígena de Bachajón.15 Allí el espacio público aparece como tarea constante de la condición social del ser humano y de su apuesta por un futuro posible.16

Al amparo de la misión jesuita y tras décadas de trabajo incesante de los misioneros por inculturar el Evangelio en la región, surgieron ministerios de reconciliación a cargo de hombres y mujeres de la propia comunidad. Los “arregladores”, como se les llama, atienden problemas de lo más diversos: conflictos intracomunitarios por deslinde de tierras, desacuerdos familiares y alcoholismo, por mencionar sólo algunos. Tiempo atrás su función consistía en recabar información sobre el asunto en cuestión para dialogarlo con los jesuitas de la misión con el fin de encontrar soluciones juntos, pero, con el paso de los años y el prestigio ganado en la propia comunidad, se les nombró visitadores con facultades para resolver los desacuerdos allí donde se dieran siempre y cuando hubiera voluntad entre las partes. La autoridad moral que adquirieron en el ejercicio de su ministerio permitió ampliar el espectro de los problemas a resolver; a los ya mencionados se sumó uno por demás delicado: la mediación entre familiares de una víctima de homicidio y el asesino o sus familiares, para conseguir el perdón de los deudos y la retribución del daño sellando el acuerdo “con un rito de perdón y un gesto de reconciliación”.17

La experiencia de décadas en el ministerio de reconciliación llevó a considerar la necesidad de contar con una instancia colegiada y étnica que diera seguridad y mayor relevancia a lo pactado. Cada vez que las partes en conflicto llegan a un acuerdo, se firma el acta elaborada en tzeltal por los arregladores, se entrega copia de la misma a cada una de las partes y el original se guarda en la misión jesuita con el sello de la misma. Como dice Carlos Mendoza, se une así finalmente lo social con lo eclesial. “Las celebraciones sacramentales que marcan el ritmo de la vida eclesial se apoyan en la comunión construida cotidiana y localmente sobre la práctica del acuerdo y la reconciliación”.18

Frente a la violencia que todo lo impregna y que amenaza con rebasar el límite de la tolerancia social, la mirada atenta en los imaginarios de paz que resisten la tentación de la desesperanza permite visualizar una cultura política ciudadana que destierre la corrupción, la impunidad y la deshumanización que hoy son en México más regla que excepción.

La descomposición del tejido social no es la causa sino el efecto de la delincuencia y de la impunidad: su deterioro separa al individuo de la sociedad, despojándolo de sus principales redes sociales y de valores básicos como la confianza y la solidaridad.

La construcción de imaginarios de paz y el cobijo y apoyo de aquellos que ya existen son indispensables en aras de una cultura política ciudadana que nazca desde abajo: en los espacios de socialización cotidianos, en las plazas y en las calles, en la familia y con los amigos. Se necesita una cultura política que permita crear y recrear nuevas formas de convivencia que partan de la solidaridad y la responsabilidad compartidas y se empeñen en la reconciliación de este México maltrecho y dolorido

1 Friedrich Nietzsche, “Gaya Ciencia”, 1ª ed., Colección Austral, Madrid, 1990, p. 92.

2 Se entiende por “imaginarios sociales” aquellos esquemas colectivos que intervienen, sin ser percibidos, en la construcción de la realidad social, como los marcos particulares de referencia usados para la interpretación de las propias vivencias; los mecanismos del discurso que utiliza el poder para producir la realidad en su beneficio; los entramados culturales resultantes de la interacción entre discursos y prácticas sociales; los sistemas ideológicos o simbólicos de una comunidad; las imágenes sobre la sociedad que alguien imagina con su imaginación.

3 El término ha pasado a formar parte del lenguaje común en tiempos de emergencia nacional. Se entiende por tejido social el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o intersistémicas, que constituyen un activo para los individuos y la sociedad, pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida. La sociedad existe como tejido social de sus ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad.

4 Juan Cajas, “Violencia y narcotráfico, reflexiones desde la antropología”, Fractal (revista trimestral) < www.fractal.com.mx>.

5 Luis Astorga , El siglo de las drogas. El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio, México, Plaza y Janés, 2005, pp. 87 y 101.

6 Marco Palacios y Mónica Serrano, “Colombia y México: las violencias del narcotráfico”, en Arturo Alvarado y Mónica Serrano, (coords). Los grandes problemas nacionales: seguridad nacional y seguridad interior, tomo xv, Colmex, México, 2010, p. 135.

7 Diego Enrique Osorno, “La batalla de Ciudad Mier”, en Gatopardo, núm. 120, abril, México, 2011, p.104. También consultar Jorge Fernández Menéndez, “De los Maras a los Zetas. Los secretos del narcotráfico de Colombia a Chicago”, 1ª ed., Debolsillo, México, 2006, pp.84-88.

8 Juan Cajas, op.cit., p. 7.

Ídem. Se afirma que fue Miguel Ángel Félix Gallardo el creador de este modelo, el cual le permitió desconcentrar el negocio del narcotráfico, asignando territorios entre sus socios, a finales de la década de los años ochenta. En la actualidad no existen hegemonías como la de Félix Gallardo, lo que puede explicar la violencia creciente fruto del enfrentamiento entre los cárteles.

10 Ídem

11 Diego Enrique Osorno, op. cit.

12 Ídem.

13 Tania Molina Ramírez, “Mujeres de La Patrona, esperanza de migrantes centroamericanos”, La Jornada, 15 de agosto de 2007.

14 Ídem.

15 Carlos Mendoza, El papel de los cristianos en la construcción del espacio público, uia, México, 2011, p. 35.

16 Ídem.

17 Ídem, p. 37.

18 Carlos Mendoza, op. cit.

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