Convicciones religiosas y bien público

Por Fernando Pliego Carrasco

En medio de la ya larga y anquilosada disputa entre la laicidad y la Iglesia que vive nuestro país, Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla a partir del “teorema dinámico fundamental de la sociología” de Talcott Parsons, y de lo que Jürgen Habermas denomina “la era post-secular”, de la necesidad que tiene la moral de las religiones en la construcción de la justicia y del bien público en las sociedades democráticas, particularmente en la deteriorada vida política y eclesial de México. Entre los libros de Pliego Carrasco destacan El mito del fraude electoral en México y Participación comunitaria y cambio social.

Talcott Parsons –reconocido por muchos como el sociólogo norteamericano más influyente en el siglo XX a nivel internacional– propuso, en 1951, en su libro más importante, El sistema social,1 un esquema de interpretación que llamó “teorema dinámico fundamental de la sociología”, muy útil para entender los requisitos básicos que debe cumplir toda sociedad para existir como tal. La formulación original del teorema es muy abstracta y no particulariza de manera detallada en el caso que interesa en este trabajo: el desarrollo del bien común en las sociedades democráticas, es decir, el desarrollo del conjunto de bienes públicos que necesitan estas sociedades para promover el bienestar general de la población.

Sin embargo, ¿por qué es útil el “teorema dinámico fundamental” para ese tipo de sociedades? La respuesta es simple pero de importancia fundamental: “En las sociedades democráticas debe haber, para una cantidad significativa de ciudadanos, un nivel de integración mínimo entre sus valores morales y las responsabilidades que les corresponde ejercer en los ámbitos públicos de tales sociedades”.

Desde esta perspectiva, si una sociedad quiere promover un proyecto sustantivo de democracia y de bienestar para el conjunto de su población, debe ser capaz de fomentar una congruencia adecuada entre los valores fundamentales que motivan a los ciudadanos y las normas bajo las cuales deben ordenarse los espacios públicos. Es necesaria una sinergia entre moral individual y responsabilidades públicas. Sin dicha integración mínima y presente para una mayoría significativa de habitantes de un país, no hay posibilidades de ejercer efectivamente las libertades en conjunción con opciones de desarrollo humano para todos los ciudadanos.

La importancia del “teorema dinámico fundamental” en las sociedades democráticas

Toda sociedad democrática necesita que una cantidad significativa2 de la población participe activamente en el desarrollo de las tareas públicas de interés general y en todas aquellas actividades políticas, económicas y sociales necesarias para promover el bien común –participar en la elección de representantes populares, apoyar las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza y la desigualdad social, pagar impuestos y contribuciones, cooperar con la sustentabilidad del hábitat, ejercer la libertades con responsabilidad, respetar los derechos de los demás, cooperar con los individuos y grupos que tienen creencias diferentes y no solamente “tolerarlos”, participar en grupos comunitarios y de ciudadanos interesados en atender o gestionar la solución de necesidades colectivas, atender con justicia los derechos laborales de los trabajadores cuando se tiene algún cargo de responsabilidad en empresas privadas, públicas o sociales–.

¿Pero qué sucede cuando ese sector significativo de la población –por las razones que sean– no atiende de manera suficiente la agenda de las responsabilidades ciudadanas? Entonces no hay garantías para el desarrollo de distintos bienes públicos, se limita la promoción del bien común, las garantías individuales se vulneran de manera sistemática, el bien común no es mayoritario y la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el uso arbitrario de las instituciones de seguridad, el deterioro del medio ambiente y la violencia en sus distintas manifestaciones se vuelven una constante.

Es indudable que para evitar ese escenario y promover la agenda de las libertades democráticas y del bienestar general de la población, se necesitan muchos y muy diversos procesos de orden económico, político y social. Pero hay un prerrequisito fundamental, condición de todos los ordenamientos institucionales: el que los individuos que participan en las responsabilidades públicas intervengan en tales tareas por convicción personal. Es decir, se necesita que sus orientaciones de valor, es decir, su moral individual converja de manera mínima con dichas responsabilidades. Para ello, al igual que sucede con la participación democrática de una cantidad significativa de la población, se necesita sólo un conjunto suficiente de ciudadanos que, de manera voluntaria, se esfuercen por coordinar sus motivaciones personales más relevantes –llamadas “valores morales”– con el ámbito de las responsabilidades que definen las normas fundamentales de una sociedad democrática orientada al bienestar general.

La coordinación entre moral individual y responsabilidades públicas democráticas para una cantidad significativa de ciudadanos, es lo que he llamado, siguiendo y adaptando a Talcott Parsons, “teorema dinámico fundamental de las sociedades democráticas”. Por ello, cuando a partir de los años sesenta del siglo XX, un conjunto de académicos –entre los que se encontraba Charles Wright Mills– se lanzaron a criticar y descalificar de manera devastadora la obra de Talcott Parsons por ocultar y, por lo mismo, justificar, mediante su estructural-funcionalismo, las profundas patologías, injusticias y conflictos de la sociedad norteamericana, cometieron un gran error analítico. No se dieron cuenta que, al criticar y descartar de manera total la teoría parsoniana, cancelaban la posibilidad de construir una alternativa social, política y económica, porque, como lo señala Parsons, la transformación de un “desorden institucional de escala societal” no puede ser resuelto en el fondo por actos de autoridad, sino ante todo por el compromiso voluntario, activo y moral de un sector significativo de la población.

Los prerrequisitos del “teorema fundamental de las sociedades democráticas”

¿Cómo se construye la congruencia mínima entre la moral individual y las responsabilidades públicas demandadas por una sociedad democrática orientada al bienestar general? Numerosos y distintos factores de orden político, económico y social se requieren. Pero en el marco de una teoría sociológica que quiere señalar los prerrequisitos fundamentales de la acción social, considero que hay dos orientaciones de valor que deben actuar de manera simultánea: la libertad plena de creencias y la solidaridad en favor de los bienes públicos de interés general. Ambas orientaciones de valor son claramente universalistas, según el modelo de los valores-pauta de Parsons.

El derecho a profesar cualquier creencia en la esfera pública de la sociedad, y la exigencia de reconocer tal derecho a todos los demás, es la primera piedra angular que nos posibilita para articular las distintas referencias morales de los individuos con las responsabilidades públicas propias de una sociedad democrática. Lo anterior nos convierte en sujetos que pueden intervenir activamente en una sociedad democrática porque permite dar cuenta de los valores propios de manera dialogada y, por lo tanto, permite la participación mediante argumentos en la creación de acuerdos mayoritarios o de consensos en el marco de una sociedad plural. Cuando los individuos no articulan sus creencias bajo el principio de libertad de creencia plena ni tampoco tienen el derecho de presentarlas en la esfera pública de la sociedad sin peligro de coacción alguna, entonces tales individuos no pueden participar activamente en la construcción argumentativa de las instituciones propias de una sociedad democrática. En estas sociedades, sólo pueden construirse los marcos normativos fundamentales si los ciudadanos, a través de los órganos de representación popular y de los distintos mecanismos de participación existentes, intervienen libremente en la definición de los acuerdos mayoritarios o de los consensos requeridos. En las sociedades democráticas no hay lugar alguno para la creación de marcos normativos basados en definiciones autoritarias. Más bien, los individuos deben asumir de manera racional sus propias construcciones morales, cualquiera que sea su origen, y entonces podrán participar en los diálogos públicos de una sociedad plural.3

Cuando los individuos despliegan sus valores morales en la esfera pública basados preferentemente en la costumbre, no tienen las capacidades emocionales e intelectuales para participar activa y cooperativamente en los debates de interés general requeridos por una democracia, pues la falta de explicitación racional de sus referentes morales y el no reconocimiento de la racionalidad de sus álteregos, no les permiten identificar los puntos de acuerdo que pueden tener con otros códigos morales. Lo anterior, porque la construcción de acuerdos entre sujetos con distintas perspectivas morales requiere, de manera necesaria e irrecusable, que tales personas puedan abstraer sus referentes morales de identificaciones particularistas excluyentes, con la finalidad de encontrar los puntos de acuerdos sin la necesidad de abandonar la propia herencia moral.

Articular racionalmente un código moral no significa, de ninguna manera, abandonar una tradición moral específica y dejar una herencia cultural de larga historia. Significa, más bien, que el sujeto portador de tal tradición es capaz de identificar lo sustantivo de su herencia cultural y distinguirlo de las configuraciones prácticas que se han desarrollado de acuerdo con las distintas circunstancias históricas. Con tal distinción se podrá entonces dialogar en los espacios públicos democráticos con otros códigos morales para atender nuevas circunstancias históricas.

Desde luego, para que se desarrolle una democracia, según lo señala “el teorema dinámico fundamental”, no se necesita que todos los ciudadanos sean capaces de presentar de manera razonada sus valores morales; pero se requiere que lo haga una mayoría significativa. Este derecho no tiene límite alguno en el ámbito de la conciencia, y en su presentación pública sólo puede ser limitado por el derecho de los álteregos para ejercerlo de igual manera.

En las sociedades democráticas occidentales, las manifestaciones culturales más relevantes del derecho a la libertad de creencias son las correspondientes al ejercicio de las creencias religiosas, pues desde el punto de vista de una estricta fenomenología social, sin consideraciones filosóficas por el momento, son las que tienen mayor significado moral para la población, inclusive en sociedades democrática con altos niveles de secularización. En estas sociedades,4 como pueden ser las de Alemania, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, entre otras, es cierto que las creencias religiosas ya no son relevantes para la mayoría de la población, pero quienes las tienen siguen siendo los grupos culturales más importantes dentro de tales países. Asimismo, en dichas sociedades, la religión jugó un papel fundamental en la construcción de las principales instituciones democráticas y en el apoyo que se requirió para orientar las políticas públicas a favor del bienestar general. Ahora tienen niveles altos de secularización, pero tales instituciones no podrían haberse construido sin la participación decisiva de las religiones y de sus creyentes.

Al respecto, el ejemplo de algunos países escandinavos es muy relevante. Suecia y Noruega son algunas de las democracias más consolidadas a nivel internacional y con mejores niveles de bienestar en su población. La construcción de las instituciones que hicieron posible tal situación se hizo con la participación activa de la Iglesia luterana y de sus creyentes; todavía hoy, los suecos y los noruegos son luteranos por nacimiento, y el Estado interviene en la vida religiosa de la Iglesia luterana.5 Sin embargo, como la libertad de creencias se ejerce plenamente, los ciudadanos tienen el derecho a rehusar la permanencia en la Iglesia luterana, lo que significa en la actualidad la presencia de altos niveles de secularización. De acuerdo con la Encuesta mundial de valores, en 2006, en Suecia, sólo 29.4 por ciento de los entrevistados señaló que la religión era “muy importante” o “bastante importante” para su vida. Y para el caso de Noruega, en 2007, el porcentaje fue 32.7.

Situación diferente encontramos en otras democracias consolidadas, como las de Estados Unidos e Italia, o en proceso de consolidación, como Argentina, Brasil, Chile, India, México y Polonia, por mencionar sólo unos ejemplos donde las creencias religiosas son relevantes para la mayoría de la población.6 En unos casos, dichas creencias siempre han jugado un papel importante en el desarrollo de las instituciones democráticas desde su fundación como naciones independientes (por ejemplo, en Estados Unidos), y en otros casos han sido factores relevantes en el desarrollo de la sociedad civil y en la lucha contra el autoritarismo político, además de constituir parte fundamental de la identidad nacional (como en Brasil, Chile y Polonia).

El segundo prerrequisito para que los valores morales de los ciudadanos contribuyan activamente al desarrollo de una sociedad democrática y orientada al bienestar social, es que dichos valores favorezcan el compromiso solidario con las responsabilidades públicas. El criterio básico es la cooperación activa y voluntaria con el desarrollo de los bienes públicos de interés general. Para que esto sea posible es insuficiente la existencia de mecanismos de control coercitivo o de incentivos de interés monetario, como lo plantea de manera equivocada Mancur Olson en su libro La lógica de la acción colectiva.7 Lo anterior, porque el costo económico de la acción cooperativa voluntaria es significativamente menor que el costo económico derivado de privilegiar los incentivos económicos o la organización de los aparatos estatales de coerción y sanción;8 pero sobre todo, porque la integración de índole cultural entre moral individual y normas democráticas es mucho más sólida que cualquier otro procedimiento.

Desde luego, como lo destaca el “teorema dinámico fundamental”, no se necesita que todos los ciudadanos tengan una orientación valorativa solidaria respecto de los bienes públicos, pero sí una mayoría significativa. Se necesita que esta mayoría ejerza sus responsabilidades democráticas sin la necesidad de presiones coactivas de parte de cualquier autoridad. Y se necesita, asimismo, que dicha mayoría lo haga por propia voluntad sin recibir gratificaciones económicas o políticas directas.

Casos importantes de conflicto entre moral individual y normas democráticas

Hay diversas situaciones que dificultan la coordinación mínima de la esfera moral de los ciudadanos con las responsabilidades que deben ejercer en los espacios públicos democráticos. Destacaré tres: el fundamentalismo religioso, el déficit normativo de las instituciones democráticas, y la privatización de las creencias personales o laicismo antirreligioso.

El fundamentalismo religioso

En el marco de una sociedad democrática, la demanda de establecer como obligatoria y única determinada creencia religiosa es incompatible con el desarrollo de sus instituciones públicas fundamentales. Por el lado de estas instituciones lo es porque dicha pretensión es incompatible con el carácter deliberativo de sus normas, construidas mediante debates que ocasionan acuerdos mayoritarios o, en el mejor de los casos aunque de manera rara, consensos entre los participantes. Por el lado de los sujetos que demandan tal intolerancia respecto de otras creencias diferentes a las propias, lo es porque aquéllos no tienen las habilidades intelectuales y emocionales necesarias para participar en los espacios públicos de las sociedades democráticas, pues carecen del soporte argumentativo y de la disposición para dialogar requeridos de manera sustantiva.

El déficit normativo de las instituciones democráticas

El mayor problema para construir una sociedad democrática plena y orientada decisivamente al bienestar general, proviene frecuentemente de las carencias institucionales que se expresan preferentemente como exceso de normas burocráticas, o bien, como déficit de normas mínimas requeridas. Los obstáculos contra la plena libertad de creencias suelen estar relacionados con la carencia de instituciones que hagan respetar su libre ejercicio, o bien, con la existencia de normas intolerantes; por ello, grupos o monopolios de interés imponen sus puntos de vista y sus valores a otros actores sociales. La falta de independencia de los ministerios públicos respecto de los poderes ejecutivos de un país, hace posible el uso faccioso de las instituciones de justicia penal y atentan contra los derechos de personas y comunidades inocentes. La falta de ciudadanización de los organismos encargados de administrar la elección de representantes populares, facilita la manipulación de los resultados de parte de los partidos que están en el poder. El ocultamiento y la falta de transparencia informativa en los asuntos de interés público, propicia la corrupción de funcionarios y actores políticos.

La privatización de las creencias personales o el laicismo antirreligioso

Tal vez por el conocimiento de los graves daños que, en distintas épocas, ha ocasionado el fundamentalismo religioso de ciertos grupos en las sociedades premodernas y contemporáneas; o tal vez, por ignorancia de la importancia histórica que han jugado distintas formas de humanismo religioso en el desarrollo de sociedades antiguas y en la misma democracia; o bien, debido a la intolerancia de quienes no tienen ninguna fe religiosa respecto de quienes sí la tienen y demandan de manera autoritaria que no la manifiesten públicamente, distintos ciudadanos suelen pensar exactamente lo contrario de lo señalado por el “teorema dinámico fundamental de las sociedades democráticas”. Para ellos, más bien, debe haber separación e independencia absoluta entre las convicciones morales de los ciudadanos y las tareas o responsabilidades públicas, sobre todo cuando dichas convicciones tienen un fuerte contenido religioso; separación e independencia entre los valores que motivan individualmente y lo que exige el orden constitucional de la sociedad. Para diversos sectores más o menos importantes de la población, no es necesaria la sinergia entre moral individual y comportamiento público.

Sin embargo, el desarrollo de una democracia no sólo es contrario al fundamentalismo religioso, sino también al laicismo antirreligioso, en el que, de manera intolerante, se le exige a los creyentes privatizar sus convicciones y excluir su presentación pública. Una democracia necesita que los creyentes de las distintas denominaciones religiosas participen activamente en el diálogo requerido por los distintos espacios públicos, en el marco de la libertad de creencias y de la construcción del bien común. Y como en toda participación en espacios públicos plurales, los creyentes en alguna religión necesitan presentar de manera racional las propias identidades valorativas,9 todo con el fin de construir acuerdos mayoritarios o consensos con las distintas perspectivas morales involucradas, sean laicas o de otras religiones.

Lo dicho anteriormente es muy relevante en términos históricos, porque las sociedades occidentales que han alcanzado importantes niveles de democracia y de bienestar social, construyeron las instituciones que hicieron posibles tales estándares de calidad con la participación plural de los principales credos religiosos de sus países. Se excluyó, entonces, el fundamentalismo religioso, pero también la alternativa de relegar a la vida privada las creencias religiosas, mediante la prohibición de su presentación pública más allá de los espacios de culto. Es decir, dichas democracias se fundamentaron, entre otros aspectos, en el reconocimiento del ejercicio pleno de la libertad de creencias. El estudio del desarrollo de la mayor parte de las democracias occidentales sólidas, como las de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega, Francia, Italia y España, entre otras, muestra la importancia de tal situación.

Durante los últimos años se observa en varios países con democracias avanzadas, por ejemplo en España y Francia, esfuerzos para hacer resurgir nuevas formas de intolerancia antirreligiosa, para mandar a la vida privada a los creyentes mediante el recurso de excluir su presentación explícita en la arena de los debates públicos. La intolerancia a veces ha llegado a tal grado, que se demanda a los creyentes ocultar sus símbolos religiosos: a los cristianos, la cruz, y a las mujeres musulmanas, el velo. Tal intención sólo abona en favor de la intolerancia y de la falta de respeto al derecho de libertad de creencias. Esto no contribuye a la democracia, sino a su debilitamiento.

Conclusión: el conflicto de la doble moral en México

Si en un país como México se le pregunta a un político “típico” de cualquiera de los partidos políticos más importantes; o bien, se le pregunta a cualquier ciudadano “típico” del país metido en responsabilidades públicas, ¿cuál es su religión?, lo más probable es que respondan de manera “típica”: “Soy católico”, o bien, aunque en mucho menor medida, que es miembro de otra denominación cristiana o de otra comunidad religiosa. Sin embargo, de manera expedita aclararán algo como lo siguiente: “Pero yo no dejo que mis convicciones personales influyan en mis decisiones políticas o de gobierno, pues estoy comprometido y convencido totalmente del carácter laico del Estado mexicano”.

Brillante respuesta, dirán varios, y será aceptada sin duda alguna por muchos intelectuales, académicos, políticos y ciudadanos que no comparten la fe religiosa de los católicos, de los cristianos en general o de cualquier otra denominación. Dirán estas personas: “Así debe ser el Estado laico, y en el caso mexicano, esa es la gran conquista de la Reforma liberal del siglo XIX”.

Pero para quienes han leído a Talcott Parsons, una muestra tan apasionada a favor de la separación entre moral individual y responsabilidades públicas sólo sirve para explicar por qué en México hay tantos problemas para construirnos como democracia y para elevar, de manera consistente y sistemática, el bienestar de toda la población. La explicación es sencilla: muchos han aceptado la construcción de una cultura marcada por una gran dicotomía entre los valores que se profesan en la vida privada y las responsabilidades que exige el orden público; entre la moral individual, que todavía está marcada por la tradición católica para la mayoría de la población, y las responsabilidades públicas que una sociedad demanda para construir un proyecto democrático y de justicia social.

Ejemplifiquemos lo anterior. Suele decirse: “Hay que separar las convicciones personales, en específico religiosas, de las responsabilidades públicas”. ¿Esto quiere decir que si en el ámbito personal se acepta el octavo mandamiento, que dice “no mentiras ni levantarás falsos testimonios”, entonces en el ámbito de las responsabilidades públicas se debe mentir? ¿Debemos, entonces, prometer en las campañas políticas lo que siempre hemos sabido que no se podrá cumplir? ¿Debemos criticar a los contrarios a sabiendas de que lo que digamos no es veraz y, más aún, es calumniador? ¿Debemos obstaculizar sistemáticamente la transparencia pública de las actividades y poner todos los reparos posibles para no rendir cuentas o rendir cuentas a medias? ¿Debemos inventar falsas pruebas

para acusar a inocentes? En otras palabras, ¿debemos guiarnos por el principio de “a nuestros amigos y familiares les decimos la verdad, pero en el ámbito público simulamos y mentimos”? De ninguna manera, porque tal dicotomía es un profundo lastre para la democracia y el bienestar público, pues permite un doble rasero: el de la moral que se aplica en la vida privada y el que se aplica en los espacios públicos. En lugar de una sinergia democrática entre ambas esferas, se propone una doble moral.

Otro ejemplo es el siguiente. En el ámbito personal de un creyente católico se acepta el séptimo mandamiento que dice “no robarás”. Sin embargo, ¿lo que proponen los defensores de la dicotomía entre moral individual y responsabilidades públicas es que se debería dejar en la vida privada tales convicciones morales de clara influencia religiosa y debería robarse en el ámbito público? En consecuencia, bajo la doble moral, ¿están invitando a políticos, gobernantes y ciudadanos interesados por lo público a guiarse por la máxima contraria: utilizar para fines privados los bienes públicos, enriquecerse cuando se tienen cargos de responsabilidad pública y manejar de manera poco transparente el presupuesto público? En pocas palabras, ¿se propone no robar en la vida privada y hacerlo en la vida pública?

Tal dicotomía es inaceptable en el proyecto de construcción de una democracia con justicia social. Lo que necesitamos es la integración adecuada de la moral individual y de las responsabilidades públicas democráticas en un sector significativo de la población. Porque la dicotomía entre la moral individual, de inspiración religiosa para la mayoría del pueblo mexicano, y las responsabilidades públicas democráticas, es un factor explicativo muy importante de las enormes dificultades que tiene un país como México para construir el bien común que requiere la mayoría para su desarrollo integral.

Durante los últimos años en México se han fortalecido los espacios de libertad de creencias y de manifestación de ideas. Sin embargo, todavía nos rodean los fantasmas de la intolerancia y de la doble moral. Algunos –que afortunadamente son pocos– quieren intervenir en los espacios públicos de manera integrista, promoviendo sanciones a quienes no piensan como ellos. Otros, que son muchos, demandan poner un serio dique a las pretensiones de las Iglesias y demás confesiones religiosas de participar activamente en los espacios de deliberación públicos. Exigen que se le prohíba tal tarea y que se atengan únicamente al culto. Ambas posiciones son incapaces de articular un espacio público democrático donde todos tengan el derecho de intervenir en los diálogos públicos orientados a construir acuerdos normativos mayoritarios o, en el mejor de los casos, consensos. Ambas posiciones son, indudablemente, fundamentalistas en términos culturales. Mucho provecho intelectual les haría leer a Talcott Parsons.

Notas

1 Talcott Parsons, El sistema social, Alianza Editorial, Madrid, 1984.

2 Digo ”cantidad significativa” por que hay franjas de la población que se encuentran al margen de esa responsabilidad pública: los niños y los enfermos, los disidentes políticos que traspasan los límites en que esa disidencia puede ejercerse dentro de las libertades democráticas y, en otro sentido por su naturaleza, los criminales que explícitamente vulneran el bienestar de la sociedad y atentan contra las garantías democráticas. En este caso, hay incompatibilidad total con las responsabilidades públicas propias de una sociedad democrática.

3 Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.

4 En la Encuesta mundial de valores (www.worldvaluessurvey.org.), con información de 2005 a 2008 según el país considerado, a la pregunta: “¿Qué tan importante es en su vida (…) la religión?”, los entrevistados contestaron: “Muy importante” o “Bastante” de la siguiente manera: Alemania: 33.9%; España: 39.1%, Francia: 40.9%; Noruega: 32.7%; Países Bajos: 31.5%; Reino Unido: 40.7% y Suecia: 29.4 por ciento.

5 Sobre la Iglesia luterana en Noruega, puede consultarse: www.kirken.com; y sobre la Iglesia

luterana en Suecia: www.svenskakyrkan.se.

6 En la Encuesta mundial de valores (www.worldvaluessurvey.org.), con información de 2005 a 2008 según el país considerado, a la pregunta: “¿Qué tan importante es en su vida […] la religión?”, los entrevistados contestaron: “Muy importante” o “Bastante” de la siguiente manera: Argentina: 65.4%; Brasil: 91%; Estados Unidos: 71.6%; India: 80.7%; Italia: 76.1%; México: 85.1%; y Polonia: 86.8 por ciento.

7 The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Boston, 1971.

8 Pamela E. Oliver, “Formal models of collective action”, en Annual Review of Sociology, vol. 19, 1993.

9 Habermas y Ratzinger, op. cit.