Por Eduardo Garza Cuéllar
Una mujer brasileña de unos 40 años de edad, viajaba en un autobús del transporte colectivo de la ciudad de Valencia sentada en un lugar asignado a personas de la tercera edad. El autobús se llenó y su sitio se hizo apreciable para quienes estaba destinado. Llegó finalmente el momento en que un hombre mayor la increpó diciéndole: “Este no es lugar para usted. Váyase… ¡a su país!”.
La brasileña, más que molesta, cedió su lugar. Inmediatamente después se desató una discusión –bella y airada, muy valenciana– entre los pasajeros que viajaban en lugares especiales. Unos reprendiendo a quien había hecho tan singular reclamo, otros apoyándolo. Esta escena, exhibe un debate vigente en Europa al que afortunadamente no son ajenas las instituciones políticas y académicas: el que se libra a partir de la crisis del estado de bienestar. Una parte de los actores –en este caso pasajeros de un autobús valenciano– defienden el derecho de disfrutar en exclusiva de los beneficios del estado cuya economía fortalecieron durante sus años productivos. Otros abogan por los derechos de quienes –aún siendo inmigrantes, incluso ilegales– transitan sus calles. Si entonces el estado de bienestar europeo se desdibujaba ante sus ojos, la actual crisis económica hace más que evidente su desaparición.
El debate institucional en torno a este asunto no está exento de querencias y obstáculos que por momentos lo hacen parecer irresoluble. Lo que en el ámbito académico se discute sobre conceptos como ciudadanía, sociedad civil y democracia, encuentra un paralelo –en ocasiones un cierto reduccionismo– en la arena política en una disputa, bastante amorcillada, sobre los roles del Estado, sobre sus alcances y sobre su tamaño.
En dicha discusión, que suele atizar nuestras filias y fobias partidistas, se discute sobre las funciones específicas (banca, seguridad social, educación, salud, vivienda, administración de recursos energéticos) que debe asumir el Estado. Después, la opinión pública cataloga, dentro del espectro de la geometría política, a la izquierda a aquellos que pugnan por la estatización y a la derecha a los que lo hacen por la privatización, simplificando e incluso “partidizando” prácticamente cualquier postura.
Las razones que se exponen en dichos debates suelen ser ya sea de tipo moral (se discute si el Estado debe o no asumir tal rol social), de tipo económico (se calcula cuánto cuesta cierto tipo de asistencia social en manos del Estado y cuánto en otras manos), de tipo histórico (se habla de casos exitosos o de corrupción en un sentido o en el otro, al tiempo en que se subrayan los fracasos del adversario en determinada gestión) o de tipo ideológico (se apela de manera más o menos racional a los clásicos de cualquier bando).
De la investigación reciente sobre el tema de ciudadanía surge un argumento nuevo y un nuevo enfoque, para este viejo debate.
Si bien el compromiso estatal con la justicia es irrenunciable (el consenso en torno a la protección de derechos humanos de primera y segunda generación protocolizado por la ONU es una muestra de ello), la crisis del estado de bienestar europeo se relaciona también con la pretensión histórica de institucionalizar la solidaridad, misma que corrompe su naturaleza al ser institucionalizada. Al igual que la esposa que exige a su marido que le regale flores espontáneamente, o el padre que obliga a su hijo adolescente a hacer la tarea de buena gana, el Estado que aspira a institucionalizar la solidaridad se descubre atrapado en una paradoja: en la medida en que fuerza la solidaridad, la debilita dado que vulnera los mínimos de libertad y de espontaneidad que supone la auténtica solidaridad.
De esta paradoja (a mayor protagonismo estatal orientado a ejercer la solidaridad, menor solidaridad real) no se sigue la ingenuidad de que deba dejarse la solidaridad al libre juego del mercado. No si se cuenta con el potencial de una sociedad civil capaz no sólo de asumir la solidaridad vocacionalmente, sino de constituir un tercer elemento capaz de romper el dualismo Mercado-Estado que tanto entorpece nuestra comprensión del espacio público.
No si, como propone Adela Cortina,1 la crisis del estado de bienestar sugiere un estado distinto, el de justicia, capaz de crear nuevas sinergias con la sociedad civil, incluida la expresión económica de la misma. Si los nuevos actores, insospechados, del gran teatro social parecen tener potencial y vocación para asumir nuevas responsabilidades –sociales, ecológicas–, podemos al menos sospechar que nuestro tiempo deba ofrecer a esos jóvenes actores una oportunidad. En todo caso, los pasajeros del autobús global habremos de extraer de la historia del estado de bienestar europeo y de la actual crisis la lección de no asfixiar la solidaridad en el intento de institucionalizarla.
Frente a un gran teatro del mundo en busca de artistas y un pobre casting, la sociedad civil se asoma, pues, como una joven promesa. Pero ¿tiene los atributos de compromiso, interconexión y creatividad para estar a la altura de su vocación histórica? ¿Está acaso esta debutante atrapada en la paradoja de la libertad que la constituye?
Es cierto que en la medida en que se articula para actuar, la sociedad civil traiciona la espontaneidad de la que está hecha; pero lo es también que paradojas como ésta sólo se resuelven en un nivel de análisis superior en el que han sido planteadas.
Y en el afán de transitar a un estadio superior (y en el de tejer una sociedad civil que parece estar hecha sustancialmente de eso, de vínculos) viene bien recordar, sólo como pista, algunos de los elementos que, en la visión de Robert Putnam, constituyen el capital social.
Junto a la equidad política y el compromiso cívico, el equipo internacional de investigadores que encabeza Putnam2 mide elementos como la confianza, la solidaridad y la tolerancia que pasan normalmente inadvertidos para los sociólogos duros.
Sugiere además dos factores que, por estar más al alcance del ciudadano de a pie, viene a bien destacar.
El primero es la llamada vida asociativa a la que contribuyen tanto las sociedades de alumnos, como las de colonos, clubes deportivos, asociaciones de tipo religioso o de padres de familia.
El segundo, pondera relaciones sociales informales, sin estatutos ni nombramientos, que en su perspectiva resultan ser tan relevantes para el funcionamiento de la economía y de la democracia como el financiamiento público lo es de los partidos políticos, la política fiscal o la autonomía de los órganos electorales.
La sensibilidad y la creatividad de autores como Robert Putnam, no sólo sorprende a los académicos tradicionales y sugiere formas de participación política que ningún decreto estatal puede suplir. Sobre todo (ya era hora), reconoce la brutal trascendencia sociopolítica que tiene conocer a los vecinos, invitar a cenar, tomarnos un café, reunirnos para leer poesía, ir a la junta de la escuela o ceder el asiento en el autobús.
Notas
1 Adela Cortina, Ciudadanos del mundo, Alianza, Madrid, 1997.
2. Robert Putnam, El declive del capital social, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2003.
One Comment
Desde otro ángulo, alguien me decía que nos hemos hecho más vulnerables al aislarnos. La inseguridad ciudadana y la creciente arremetida de la violencia y el delito, encuentran el camino llano en ciudades y barrios en los que sus habitantes no se integran. Ciertamente entonces que alentar estas relaciones sociales informales puede ser una parte importante para tratar lo público y hacerlo de manera más efectiva.